Ejecución en los procesos de pensión alimenticia en la jurisdicción de niñez y adolescencia

Resumen

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias afecta el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, un grupo con derechos reforzados. En respuesta, se han creado los Juzgados de Ejecución de Pensión Alimenticia, cuya función y efectividad requieren análisis en el contexto jurídico actual. El Objetivo general fue contribuir al conocimiento sobre los procesos de Pensión Alimenticia, con énfasis en el control de convencionalidad y la promoción de derechos de la niñez y adolescencia. Con una metodología cualitativa se desarrolló el proceso exploratorio, que empleó un enfoque cualitativo, basado en el análisis documental y normativo de la legislación vigente, complementado con la revisión del estado del arte a través de informes judiciales y estudios académicos. Se evaluó la estructura organizativa de los juzgados, el perfil de los jueces y el uso de métodos alternos de solución de conflictos (MASC). Entre los resultados relevantes se observaron evidencias donde los juzgados de ejecución desempeñan un papel esencial en garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante mecanismos específicos de control de convencionalidad. El perfil del juez de ejecución demanda competencias especializadas en derechos humanos y técnicas de mediación para resolver conflictos. La aplicación de MASC, como la mediación y conciliación, mejora la efectividad en la resolución de casos y reduce la carga judicial. Se observan avances en la implementación de estrategias que fortalecen el acceso a la justicia para grupos vulnerables que hacen concluir que los Juzgados de Ejecución de Pensión Alimenticia representan una herramienta crucial para proteger los derechos de la niñez y adolescencia. Su efectividad depende de un enfoque integral que combine control de convencionalidad, formación judicial especializada y el uso de métodos alternos. La consolidación de estas prácticas puede mejorar la eficacia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y avanzar hacia un sistema judicial más inclusivo y eficiente.